“Neo-extractivismo” es un modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de América del Sur a principios del siglo 21. Su historia se remonta al llamado extractivismo convencional, un modo de acumulación que comenzó hace más de 500 años después de la conquista y colonización europea de territorios americanos, africanos y asiáticos. Fue de esa manera que el sistema económico capitalista comenzó a ser organizado en todo el mundo. El extractivismo ha sido, y sigue siendo, el mecanismo colonial (y neo-colonial) de saqueo y apropiación por excelencia.
Neo-extractivismo, lo mismo que su predecesor, orienta la economía hacia actividades de explotación extrema de la naturaleza con el fin de obtener recursos primarios (materias primas) que luego se exportan para suministrar a Europa, a las industrias de Asia y de América del Norte. El Neo-extractivismo no se limita a los minerales o petróleo, también existe la agricultura, la silvicultura, la pesca e incluso extractivismo cognitivo.
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El neoextractivismo es un modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos de América del Sur a principios del siglo XXI y cuyos antecedentes se ubicarían en el extractivismo convencional. Al igual que éste, el neoextractivismo orienta la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados dirigidos de forma prioritaria a la exportación, pero difiere de aquel en el papel protagónico que adquiere el Estado en el proceso productivo. Esta participación puede adoptar una forma directa, a través de empresas estatales, o indirecta, a través de tributaciones y otros mecanismos de regulación, y permite la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad.
El concepto, a debate
El grado de continuidad y ruptura entre extractivismo y neoextractivismo alimenta una polémica que trata de dilucidar no sólo la importancia de sus semejanzas y diferencias, sino en qué medida se han producido novedades significativas en las políticas económicas adoptadas por los países del Sur en los que han emergido gobiernos calificados, en diferente medida, como de “izquierdas” y/o “progresistas”: Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay.
Desde el punto de vista que afirma que el neoextractivismo ha propiciado un creciente control público de las actividades productivas más rentables de los países del Sur y ha permitido así la financiación de múltiples iniciativas y programas de bienestar social, se concluye que ha supuesto una mejora de la calidad de vida para amplias capas de la población. Esta política económica habría que entenderla dentro de un proceso de empoderamiento general de estas sociedades, que erigen y sostienen gobiernos democráticos con capacidad para poner a las fuerzas del mercado al servicio de procesos de desarrollo para todos los sectores sociales. El análisis del llamado neoextractivismo, por tanto, no podría disociarse del análisis de los procesos políticos que lo han propiciado, porque es en el marco de esos procesos donde se apreciaría la ruptura con modelos del pasado.
Desde otra perspectiva, el neoextractivismo supone una continuidad del modelo de desarrollo económico hegemónico instaurado en los países del Sur en la época colonial y mantenido en el nuevo contexto político tras la independencia. Su grado de novedad no sería mayor que el ofrecido por las propuestas desarrollistas de los años cincuenta, que sostenían una fe ciega en el crecimiento económico como indicador del desarrollo y en la intervención estatal parcial como palanca para la puesta en marcha de unas fuerzas del mercado que propiciarían tal crecimiento. Varios factores objetarían así la idoneidad de la propuesta neoextractivista como alternativa al desarrollo de los países del Sur.
Principales críticas
En primer lugar, el neoextractivismo no cuestiona las relaciones económicas internacionales que propician una inserción subordinada de los países que asumen este modelo. Los ciclos productivos de las actividades extractivas dependen completamente del exterior desde su puesta en marcha, que exige una capacidad de inversión de capital sólo en manos de empresas trasnacionales, hasta la comercialización, que se realiza en MERCADOS internacionales muy volubles. Esto se traduce en una gran vulnerabilidad ante las presiones de diferentes agentes económicos externos, y en una competencia entre países para la atracción de inversión extranjera y la colocación de sus productos que llevaría a un deterioro creciente de las condiciones de intercambio y a un empeoramiento de su posición internacional.
En segundo lugar, las ingentes cantidades de ingresos que reportan las actividades extractivas podrían generar efectos desequilibrantes en los planes de desarrollo a largo plazo. La subordinación de las actividades extractivas a una agenda general de desarrollo resulta altamente compleja ya que, por su dimensión, éstas tienden a ser prioritarias y a poner a su servicio a las demás estrategias contempladas en esa agenda general. En Brasil, por ejemplo, según la Comisión Pastoral de la Tierra, la reforma agraria propiciada por el gobierno del Partido de los Trabajadores estaría definida en buena medida por los agronegocios: no se lleva a cabo en las tierras de estos y, por el contrario, se promueve en tierras donde se puede impulsarlos.
En tercer lugar, los programas sociales no han estado exentos de críticas. Se apunta a que estos programas sólo se dirigirían a determinados grupos sociales o territoriales, estarían escasamente institucionalizados y a menudo tendrían un carácter meramente asistencial, con lo que se abriría un contexto de desigualdad social permeable a prácticas corruptas y clientelares. Al impacto social habría que añadir el impacto medioambiental que de forma inevitable ocasiona la hegemonía de procesos productivos basados en la explotación intensiva del medio natural. Actividades como la minería, los hidrocarburos o las agroindustrias, junto a las infraestructuras energéticas y de transporte que precisan sus ciclos productivos, generan una gran presión medioambiental y contribuyen a la apertura de zonas de gran valor ecológico y de suma fragilidad. El impacto sobre los grupos humanos, especialmente indígenas, que habitan estos territorios sería innegable.
Sociedad vs. mercado
Mientras algunos análisis perciben en el papel protagónico que el Estado adquiere en el neoextractivismo un avance de las sociedades frente al mercado, las perspectivas más críticas señalan un proceso inverso en el que las sociedades del Sur se verían afectadas profundamente por las prácticas que despliegan las estrategias extractivas.
Un ejemplo lo constituirían las nuevas características de los instrumentos estatales, particularmente de las empresas públicas que han pasado a participar en el proceso productivo. Aquellas se regirían cada vez más en función de criterios mercantiles, una tendencia que se agudizaría cuando esas empresas pasan a operar en otros países. En estos casos, se podrían hablar de “transnacionalización” de las empresas públicas, refiriéndose con ello no sólo a una actividad exterior a sus fronteras, sino a un conjunto de prácticas cuyo fin principal es la maximización de ganancias. Un ejemplo se apreciaría en la actividad de Petrobrás —empresa semipública brasileña— en Bolivia. Estas tendencias, junto a la ya mencionada competencia entre países por acceder a inversiones y mercados, reforzarían una institucionalidad internacional basada en relaciones de dominio y subordinación.
Por otra parte, el nuevo papel del Estado y las iniciativas sociales impulsadas han logrado ciertas mejoras que han contribuido al encauzamiento de las luchas históricas por la ampliación y el ejercicio de derechos, pero sin abordar de forma estructural las problemáticas de empobrecimiento y ausencia de desarrollo. Esto estaría abriendo el camino, en países como Ecuador y Bolivia, a un nuevo ciclo de tensión política caracterizado por la división de los movimientos sociales.
Asimismo, los propios procesos de recuperación de saberes iniciados y mantenidos por las comunidades de base se verían afectados por la pedagogía desplegada por el neoextractivismo, cuyas coordenadas filosóficas, basadas en la producción y consumo continuado de bienes materiales, formarían parte del núcleo de la modernidad occidental. Se impondría así la máxima que iguala desarrollo a crecimiento económico, y otras concepciones alternativas —como el sumak kawsay (“buen vivir”), recogido en la constitución ecuatoriana de 2008, o el suma qamaña (“vivir bien en armonía”), reflejado en la constitución boliviana de 2009— quedarían relegadas al papel.
OMAL (Observatorio de Multinacionales en Ameríca Latina) >> Leer más
